Los peruanos estamos atrapados. Impedidos de deshacernos de este gobierno que cada día nos hace descender en calidad de vida. Que nos corta la esperanza en el futuro. Que se burla de sus ciudadanos y parece haberse empeñado en destruir todo lo que con tanto esfuerzo se empezó a construir a partir del fin del terrorismo y, el ordenamiento y mejoramiento económico que vivimos desde los noventa. Que socava nuestras instituciones utilizándolas para hacer populismo barato, devolver favores a los amigos del régimen y designando personas inidóneas para los puestos. Que parece estar participando, de los mismos actos de corrupción que señalaba en campaña electoral y prometía que no cometería.

Mientras más vemos y escuchamos al proclamado y los principales actores de su Gobierno, reconfirmamos el tremendo daño que le están infringiendo al país. Discursos comunistoides y divisores. Nula efectividad ejecutiva, nula gestión. Insistencia en culpar a todo el mundo, dentro y fuera del país, pero nula capacidad de autocrítica y de reacción efectiva frente a los problemas que se presentan. En el medio, estamos los ciudadanos en un país que se cae a pedazos. No vamos a hablar esta vez, de las medidas frente al incremento del costo de vida, frente a los precios altos, en un contexto mundial difícil, pero que es cierto también, el Gobierno pudo haber prevenido de mejor manera y ejecutado acciones para que no golpee tanto a la población (serían objeto de otra columna).

La falta de capacidad para gobernar y la muy probable corrupción de este régimen que se proyecta a los demás estamentos del Gobierno, contribuye determinantemente al aumento del rechazo a las instituciones del país, y a su mala fama entre una población, que debería respetarlas y recurrir a ellas para simplificar su vida, para solucionar sus problemas, antes que sufrirlas o enfrentarlas.

Más del 75% de la población rechaza a este régimen (según últimas encuestas de DATUM e IPSOS), a partir de lo que hasta la fecha viene demostrando: nada. La percepción de la mayoría de peruanos es que se vive un desgobierno. La sensación de caos y de que vivimos en tierra de nadie nos agobia. La esperanza de que el Gobierno Central se encargue de lo que constitucionalmente es su función y que de acuerdo a la ley y a una estrategia de gobierno satisfaga las necesidades de su población, hoy no existe.

Todo esto es terrible en una sociedad que es casi 80% informal (según el INEI). Cuyos índices de pobreza han subido a partir del desastroso gobierno de Vizcarra, el impacto del COVID 19 y las restricciones que se adoptaron; así como por las malas decisiones y el discurso irresponsable de este Gobierno. Uno de los principales objetivo - país que tenemos es que la pobreza y la informalidad desciendan. Hoy este régimen está trabajando exactamente para lo contrario.

La crisis institucional que vivimos en medio de una constante crisis política, proyecta también la imagen de un Gobierno débil. Esta situación lo hace proclive a caer en las garras de ciertos grupos que se manejan al margen de la legalidad y que plantean exigencias que atentan contra el buen vivir y la generación de recursos de los peruanos. Si a esto le sumamos las promesas populistas, muchas de ellas inejecutables, que el señor Castillo hizo en campaña, tenemos los factores para una tormenta perfecta: caos y descontento generalizado en un contexto de desesperanza e irrespeto por las instituciones públicas, y por la figura de la autoridad.

Bajo este orden de ideas, que esperanza de prosperar tiene el Gobierno de Castillo? Desde mi punto de vista, ninguna. A todo lo mencionado, debemos añadir que la carencia de capacidad del proclamado, se traduce también en una ausencia de liderazgo y de una estrategia para conducir el país. Uno de los problemas medulares que tenemos, es que ante esta ausencia, cada ministro, cada institución, se manda por su lado. No hay una coordinación ni una coherencia en la ejecución de las políticas de Estado. Hemos perdido el norte.

Frente a ello, el Congreso, que goza de una aprobación ciudadana incluso menor que la del proclamado, no viene tampoco desempeñando el rol que se necesita. No sólo por la imposibilidad de terminar de manera constitucional, célere y eficiente con el régimen a través de la vacancia o la acusación constitucional, sino porque a partir del boicot de algunos de los grupos políticos que lo conforman, está sirviendo de excusa para justificar la inoperatividad del Poder Ejecutivo y su permanencia. Prueba de ello es el tratamiento que le dieron al proyecto de exoneración del IGV con la finalidad de que se pueda generar una disminución en el precio final de los productos. Casos como éste, minan aún más la credibilidad del Legislativo, y provoca que en la búsqueda de congraciarse con la población, adopte también medidas populistas.

Así, con un Ejecutivo y un Legislativo, sintiéndose débiles y preocupados por su futuro político, el escenario para que se sigan dando expresiones de populismo, está planteado. A esto hay que sumarle que pareciera ser que los parlamentarios en su mayoría, no están dispuestos a dejar sus curules y el beneficio económico que les genera, ni ante los más que evidentes indicios de corrupción del régimen. Parece que ninguna información de actos irregulares o ilícitos de Castillo y su cúpula, puede generar la consecuencia digna y lógica de que lo defenestren.

¿Qué podemos hacer frente a este escenario? Ciertamente, como lo decía en un inicio, nos encontramos atrapados. En mi opinión lo que urge es un acuerdo político entre el grupo que gobierna en el Ejecutivo y los grupos políticos que están en el Congreso, que permita salir de la crisis a través de la renuncia del presidente proclamado y su vicepresidenta;  con el compromiso de los actuales congresistas de que una vez sucedido ello se llamará a nuevas elecciones y ellos también se irán. Esto implica acciones rápidas. La necesaria modificación de la Constitución que exige de dos votaciones en dos legislaturas distintas para ello, podría lograrse realizando la primera en esta legislatura, acelerando su fin para de esta manera la próxima legislatura pueda empezar a continuación, y así poder efectuar la segunda votación. De esta manera en unos dos o tres meses, podríamos tener el respaldo constitucional que permita a través del desarrollo legislativo, tener el marco necesario para que se vayan todos.

Claro, todo sería más simple si es que el proclamado y su vicepresidenta demostraran algo de dignidad y amor por el Perú y renunciaran. De igual manera, si el Congreso estuviera a la altura de lo que el país necesita y los vacara. Pero no parece que esto vaya a pasar. Sí parece que lamentablemente va a continuar en aumento el descontento social. Este régimen no va a cambiar. Es la sociedad civil quien tiene que ejercer la presión democrática que se necesita. La prensa también juega un rol importante exponiendo las miserias de este régimen y de la clase política. Hay que seguir adelante porque el Perú se lo merece. Hasta que este oscuro capítulo de nuestra Historia se cierre, y accedamos a la esperanza de que, a través de una elección general, podamos re enrumbar a nuestra patria por la senda del desarrollo, en libertad y paz social.