Por Roberto Rendón Vásquez.
No obstante, el permanente actuar de la Policía Nacional, la delincuencia está creciendo incomiblemente agraviando a la población. Nadie está seguro en vías públicas, establecimientos, vehículos, trabajando ni en sus viviendas. Constantemente los malhechores individualmente u organizados en bandas de nacionales y extranjeros hurtan, roban, estafan aun usando sistemas informáticos, intimidan, extorsionan, raptan, lesionan gravemente (con armas blancas, de fuego y explosivos), cometen homicidios calificados utilizando sicarios (muchos son menores de edad), tráfico de personas (meretricio) o drogas, minería ilegal.
Ante ello conscientemente todos debemos adoptar medidas para protegernos y afrontar la delincuencia. Si bien solos podríamos “defendernos” tomemos conciencia y comprender que todos colectivamente en unidad, auto disciplinados organizadamente podemos defendernos salvaguardando nuestra integridad personal y bienes. Esto implica que las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial incluyendo el Ministerio Público, deben adoptar medidas para capacitar colectivamente a todos los vecindarios para estar prevenidos y colectivamente (en conjunto) afrontemos a los delincuentes, aunque usen armas o explosivos. Los vecindarios deben estar en permanente contacto con las Comisarias y/o Puestos policiales; también con los Serenazgos Municipales
Ante ello recientemente, la electa Presidenta de la República ha expuesto que la estrategia y actitud frente a la delincuencia se basa en el principio de "mano dura" y autoridad, priorizando el orden interno como el eje central de su gobierno y ha dispuesto que los militares salgan a patrullar las calles, apoyen en el control del transporte público y vigilen los penales junto al INPE. Afirmó que el Estado protegerá con todo el peso de la ley y la constitución a los efectivos que actúen contra la criminalidad. Su postura combina el respaldo político a las fuerzas del orden, el despliegue militar excepcional y la coordinación interinstitucional ya ha expresado que se implementará con un sistema permanente para premiar y respaldar al personal policial destacado por su valor. Estas decisiones, adoptadas a pocos días de asumir la Presidencia del país, evidencian que comienza la lucha contra la criminalidad en la que deben intervenir no solamente las nuevas autoridades (del Poder Ejecutivo, Legislativo incluyendo los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público), la Policía Nacional y los Serenazgos municipales y todos los vecindarios que deben comenzar a auto organizarse disciplinariamente para defenderse de la delincuencia hasta extinguirla.
Con relación a las proyecciones hechas por nuestra Presidenta, hay una serie de medidas que deben adoptarse: Citemos algunas:
Fortalecer la Policía Nacional incrementar policías y los de “inteligencia contra la delincuencia” y capacitar y adiestrar al personal de los Serenazgos municipales para que colabore coordinadamente en la vigilancia y pueda incluso detener a los delincuentes. Ambas entidades pueden colaborar para la capacitación preventiva y organización de absolutamente todos los vecindarios para el cuidado de los lugares donde domicilian y si perciben que se está produciendo un delito contra viandantes, establecimientos comerciales o de trabajo, vehículos, salir todos en conjunto a detener al/os delincuente/s comunicandose con la Comisaria o el Serenazgo de su Municipalidad.
Ante la virtual ineficiencia investigadora de los fiscales (Ministerio Público) optimizar el marco legal de la investigación del delito, fortaleciendo la colaboración y el trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. A la brevedad debe modificarse el Código Procesal Penal restituyendo que la Policía Nacional conduzca la investigación preliminar de los delitos sin afectar que el Ministerio Público mantenga la conducción jurídica. Estas normas no afectaran en nada las facultades y atribuciones de los miembros del Ministerio Público. También promulgar un nuevo Código Procesal Penal de manera que los procesos en el Ministerio Público o los penales en el Poder Judicial sean eficientes y sin dilaciones. Establecer plazos procesales breves de cumplimiento obligatorio de fiscales y/o jueces bajo responsabilidad personal administrativa y penal.
Establecer medidas en los Códigos Penal y Procesal Penal que a un delincuente detenido por cometer delitos no se le conceda libertad en la investigación o proceso judicial y que los procesos penales sean en breves plazos. Evitar las actuales dilaciones en las causas judiciales penales. Esto implica Reformar la justicia y prisión ampliando las unidades de flagrancia. Impulsa un trabajo articulado con el Poder Judicial y el Ministerio Público para acelerar procesos penales.
También debe realizarse una reforma penitenciaria convirtiendo los penales en centros de reclusión estrictos para evitar que operen como centros de mando criminal. En cada cárcel debe construirse talleres para elaborar productos para los mercados nacionales e inclusive internacionales. Los trabajadores en esas fábricas deben ser únicamente encarcelados (por investigación, procesados o sentenciados). Establecer constitucional y legalmente que todo detenido en una cárcel (investigado, procesado penalmente o sentenciado) no deba ser mantenido gratuitamente con dinero del erario nacional (vale decir de los impuestos que percibe el Estado).
Estando a que cada día se incrementa la criminalidad en el Perú, todas las autoridades unidas, responsable y oportunamente, legal, moral, social y políticamente están obligados a combatirla y desaparecerla. ¡Los peruanos sin excepción esperan que lo hagan! Reiteramos: Compresión, unidad y organización para vencer la delincuencia
