Los diez meses de gobierno de Pedro Castillo, llegan cual, si fueran un huaico de ineptitud, corrupción, indignidad y necedad que, conjugado con una ideología retrógrada y nefasta, embarran todo con lo que tienen contacto, como si estuvieran comprometidos con la destrucción de nuestra república, sus instituciones a la cabeza, así como con el deterioro de la calidad de vida de sus integrantes. Como si fuera un cáncer que se esparce sin que se lo combata, el régimen, no cesa de golpearnos como sociedad, día tras día, con casos y más casos que demuestran la falta de una idea clara de lo que busca, la ausencia de liderazgo de quien lo encabeza, la falta de idoneidad de sus ministros y principales operadores, y la intención corrupta de quienes son o han sido sus principales figuras de entrar y tomar a las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, como si fueran un botín del cual beneficiarse durante los días o meses en que permanezcan en el cargo.

Los audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, cuya difusión está en curso (dicen que son más de 14 horas de material y recién a la fecha vamos conociendo unos minutos) demuestran lo que estamos manifestando. La intención de una repartija que no tiene que ver con acuerdos de carácter político, sino, simplemente con la intención de lucrar ilícitamente a costa de la institucionalidad y la idoneidad de manejo y operación de entidades públicas, cuyos funcionarios deberían estar orientados a hacer una buena gestión y mejorar en su rubro, la calidad de vida de los peruanos.

Todo lo que presenciamos, fue advertido desde esta tribuna y otras. El riesgo que constituía llevar a gente carente de preparación (y por lo visto de principios sólidos y amor por su país), con – en ese momento – sospechas de corrupción, y con ideas retrógradas y fracasadas propias de la izquierda del siglo XX, a conducir nuestro país.

Son diez meses de lo mismo. Y sin que el Gobierno muestre realmente un propósito de enmienda. Sus esfuerzos políticos han sido destinados a que se blinde a la presidencia en el Congreso, a echarle la culpa de su desgobierno a regímenes anteriores y a sus opositores políticos, y a promover una asamblea constituyente con el objetivo de cambiar la Constitución vigente. Los Consejos de Ministros del “muchachito tonto”, le cuestan millones al Estado (ergo, a todos los peruanos), no concluyen en nada concreto y sólo sirven de tribuna para publicitar su intención de Asamblea Constituyente.

Que diferente hubiera sido sin en vez de perder el tiempo y los recursos de todos en estas intenciones, el régimen se hubiera y se dedicara a gobernar. Si en vez de deteriorar a las instituciones que los peruanos necesitamos para que no abusen de nuestros bolsillos y nuestras vidas, se dedicaran a fortalecerlas, a mejorar su administración y gestión. Si en vez de expresar factores disociadores, de explotar nuestras diferencias, precisamente utilizaran los factores y símbolos que nos unen y no que nos separan.

A estas alturas, que este gobierno muestre algo bueno es realmente una utopía. Es lo inverso al rey Midas. El régimen de Pedro Castillo, todo lo que toca lo malogra.

Hemos manifestado en toda ocasión que se nos ha presentado, nuestro absoluto desacuerdo con una asamblea constituyente. Hoy al Perú le urge salir de este régimen. Es un tema de supervivencia. Es un asunto de dignidad, de decencia. Pero la situación que estamos viviendo encuentra una de sus principales causas en la calidad de las personas a las cuales le hemos entregado el Gobierno y en las que ha recaído nuestra representación. Se necesitan reformas inmediatas de carácter constitucional para que personas como Pedro Castillo, Bruno Pacheco, Juan Silva, Iver Maraví, César Barranzuela y otros, no lleguen a asumir los más altos cargos del Gobierno Nacional. Para que ciudadanos como Kelly Portalatino, Noemí Limachi, Isabel Cortez, entre otros, no lleguen a ser congresistas. Y no se malentienda lo que digo. No hablo ni de géneros, ni de razas, ni de ideologías. Sino de preparación y aptitud para el cargo. No puede ser que bajo el argumento de la igualdad, descendamos como sociedad admitiendo y propiciando la elección de personas que carecen de la mínima capacidad, entendimiento y sentido común. Que no sepan mínimamente cómo se estructura nuestro Estado, cómo funciona la economía o cuáles son los símbolos patrios y su importancia como expresión de nuestra identidad, y factor de unidad nacional.

Desde esta tribuna, seguimos esperando que el Congreso se comporte a la altura de la historia y haga lo que la lógica y el sentido común exige: vacar a Pedro Castillo. Con todo lo que se conoce, es imposible que la figura de Castillo genere el mínimo de consenso y confianza que un Régimen necesita para echar a andar sus políticas de Gobierno (políticas que además, en la práctica, no se ven, o expresadas son inejecutables por vacías, anacrónicas o incongruentes con el desarrollo de un Estado moderno)

El blindaje de sus bancadas aliadas, hace que el Gobierno continúe en una vorágine de errores, donde a pesar de su ineptitud y corrupción, con el silencio y la inacción, se le permite pechar al propio Parlamento, y desafiar el sentido común y la capacidad de reacción de la sociedad civil.

Si algunos pensaban en que la posta podía recaer en Dina Boluarte, el informe que se acaba de conocer de Contraloría así como la información ya propalada por los medios de comunicación respecto a que habría compartido la función pública con actividades prohibidas para un servidor del Estado, pone nuevamente en la palestra la manera de conducirse de otra de las figuras de este régimen, nada menos que la Vicepresidenta de la República y ministra en ejercicio. Esto, debería generar un proceso de acusación constitucional en el Congreso que derive en su inhabilitación para ejercer la función pública, a pesar de las opiniones en contrario de “constitucionalistas” caviares que demuestran el interés de este grupo de parásitos del Estado, de que sea ella quien reemplace a Castillo.

Pues bien, si el Congreso no puede o no quiere vacar a Castillo, y mientras se llega a la inhabilitación de Boluarte; está en la obligación de impulsar la agenda de modificaciones constitucionales destinadas a que tengamos un mejor sistema de representación. A la – en nuestra opinión – buena idea de la congresista Tudela de modificar la elección de congresistas y hacer que haya una relación más directa elector – representante, a la idea de volver a la bicameralidad, debería también, incluso de manera anticipada, aprobarse un proyecto que modifique los requisitos para ser presidente de la república y congresista.

A estos tan dignos e importantes cargos, debe llegar gente preparada, con una mínima capacitación (estudios) y trayectoria. Ya los romanos, hace aproximadamente dos mil quinientos años en tiempos de su monarquía, razonaban que el gobierno debía estar en manos de los más capacitados. Nosotros, en pleno siglo XXI, es inconcebible que sigamos confiándole la conducción de nuestro destino como nación, a personas que incapaces y corruptas, no tienen la decencia de admitir que no están preparadas para el cargo y deben dar un paso al costado, que por dinero y poder se atornillan al puesto o a quienes, en vez de preocuparse por mejorar la gestión estatal, sólo ven a estas instituciones como un botín al que pueden acceder junto a sus amigos y compinches. Todo esto sin dejar de mencionar a aquellos que por ignorancia e ideología le faltan el respeto a su patria, impulsando ideas tan absurdas como un cambio de bandera.

Nuestra preocupación y esfuerzos, no sólo deben estar orientados a marcar el fin de este Régimen, sino también a evitar que algo así se repita en nuestro futuro republicano.