En el corazón de una región privilegiada por su riqueza natural y cultural, yace un potencial turístico enorme, capaz de transformar la vida de miles de familias y dinamizar la economía local. Sin embargo, esta promesa permanece paralizada, estancada por la mezquindad, la desidia y, peor aún, la insensibilidad de las autoridades responsables.

Lo que debería ser un motor de desarrollo inclusivo se ha convertido en un escenario de explotación y exclusión. Los accesos a nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu, están controlados por empresas privadas monopólicas como Perú Rail, CONSETTUR y otras cuyo único objetivo parece ser la obtención de descomunales sumas de dinero. Estas compañías no solo gozan de una preocupante sobreprotección política, sino que operan con total indiferencia hacia los trabajadores del sector y las comunidades que los rodean.

Los beneficios del turismo, lejos de distribuirse de forma equitativa, terminan concentrándose en unos pocos bolsillos. Las comunidades locales, las verdaderas guardianas del patrimonio cultural y natural, siempre figuran al final de la cadena de beneficios. Sus miembros trabajan, cuando lo hacen, en condiciones precarias, mal remunerados y sin capacitación adecuada, perpetuando un modelo injusto y profundamente desequilibrado.

Como Parlamentario Andino, por   cerca de tres años vengo levantando la voz, organizando reuniones, en Cuzco y en el Congreso de la República, con la PCM, MTC, Ministerio de Cultura, Ministerio  del Ambiente, SERNANP, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, INDECOPI, Ministerio del Interior, GORE CUSCO, alcalde Provincial de Urubamba,  sociedad civil organizada y empresas involucradas, entre otros, sobre  la grave situación que se  vive en el sector Turismo en Cuzco.

Como Parlamentario Andino, por varios años he alzado mi voz y promovido espacios de diálogo para enfrentar la crítica situación que atraviesa el sector turismo en Cusco. He organizado reuniones tanto en el Cusco como en el Congreso de la República, convocando a diversas instituciones clave como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, SERNANP, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, INDECOPI, el Ministerio del Interior, el Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Provincial de Urubamba, así como representantes de la sociedad civil organizada y empresas involucradas, entre otros actores.

Urge romper este círculo vicioso. El turismo no puede seguir siendo rehén de intereses mezquinos ni de redes de poder que solo perpetúan la desigualdad. Se necesita una gestión responsable, transparente y comprometida con el desarrollo sostenible, que garantice que los frutos del turismo lleguen a todos y no solo a unos cuantos privilegiados.

La región de Cuzco merece autoridades comprometidas con su desarrollo.