Por Fernando Arce (Parlamentario Andino)

Muchos se preguntan: ¿en qué momento llegamos a este nivel de criminalidad en el país? La interrogante recuerda aquella célebre frase de Zavalita, el personaje de Mario Vargas Llosa: ¿en qué momento se jodió el Perú?

Las causas son múltiples y complejas, pero una de las más olvidadas —y, sin embargo, decisiva— es el abandono histórico de nuestras fronteras por parte de los gobiernos de turno.

El panorama es desolador: infraestructura mínima y deteriorada, presencia estatal intermitente, falta de incentivos para el desarrollo y un profundo desarraigo entre quienes deberían sentirse orgullosos de habitar el límite del país.

Resulta alarmante que no exista un marco legal sólido ni un plan de desarrollo fronterizo sostenible. No hay estrategias eficientes ni modelos de gestión territorial que impulsen el crecimiento de estas zonas o aprovechen las oportunidades de cooperación con los países vecinos.

El reciente incidente con la hermana república de Colombia evidenció la brecha abismal en condiciones de vida, desarrollo y gobernanza. El caos y la desorganización del lado peruano no solo generan desigualdad: se convierten en un incentivo directo para la ilegalidad.

En la frontera con Ecuador, la diferencia es igual de notoria. Huaquillas prospera, mientras Aguas Verdes languidece. Lo mismo ocurre en la triple frontera con Brasil y Bolivia, donde Iñapari contrasta con Assis y San Pedro de Bolpebra, siempre en desventaja para el Perú. Solo Tacna parece acercarse al desarrollo de Arica, aunque más por impulso privado que por una estrategia estatal coherente.

Los fracasos son reiterados. El proyecto binacional Puyango–Tumbes, concebido para integrar y desarrollar la frontera, terminó como otro ejemplo de falta de visión y voluntad política. En Tacna, pese al alto intercambio con Arica, no se ha implementado una política que potencie el comercio y el turismo.

Esa ausencia del Estado ha sido el mejor aliado del crimen. Contrabando, narcotráfico, minería ilegal, tala indiscriminada y tráfico de armas se han afianzado al punto de dominar vastas zonas. En el norte, poderosas organizaciones criminales transnacionales ejercen control territorial y extienden su influencia hacia las ciudades.

El gobierno debe responder con una estrategia integral: inversión en infraestructura vial, portuaria y logística, y presencia real del Estado más allá de la policía. Se requiere acción coordinada de todos los ministerios, modernización de puertos y sistemas de vigilancia marítima, fluvial y aérea. Hoy, nuestro espacio aéreo es vulnerado impunemente por avionetas delictivas ante la ausencia de radares y aeronaves de interdicción.

Esta debilidad fronteriza ha sido el origen del avance de grupos como el Tren de Aragua o el Comando Vermelho, además de la explotación ilegal de recursos y la expansión de bandas que prosperan en la inacción estatal.

En síntesis, el Perú enfrenta un desafío estructural: proteger sus fronteras es proteger su soberanía. El Estado debe priorizar recursos de manera urgente. No tiene sentido destinar millones a empresas deficitarias como Petroperú mientras se descuida la seguridad nacional. Es como decorar la casa sin asegurar las puertas.

¡Basta ya de tanta indiferencia!