Por Roberto Rendón Vásquez

No se puede ocultar la urgente necesidad de combatir a la incontenible y espeluznante delincuencia que azota a la población peruana. Es imprescindible adoptar medidas de emergencia ante la inseguridad que vive el país considerado que se requiere del trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado reiterando el fortalecer y cooperar con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales. Lamentablemente los cesantes (el 27/07/2026) políticos del Ejecutivo y Legislativo no han adoptado medidas eficientes para exterminar la criminalidad. Sólo hubo el trabajo constante y sacrificado cotidianamente de la Policía Nacional.

Un problema derivado del incremento de la delincuencia es que los actuales 69 centros penitenciarios solo tienen capacidad para 41,500 “internos”; hay un hacinamiento de 143%, porque a diciembre (2025) había detenidos y/o sentenciados 103,342 encarcelados. El Estado gasta S/ 3′056,520 diarios para la manutención de los encarcelados (S/ 30.oo por c/u). En los hechos el Estado sostiene gratuitamente a los delincuentes encarcelados con dinero que proviene de los impuestos que pagan los peruanos.

Un problema es la “construcción” paralizada de los penales de Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca. Se informa que la Contraloría General, a mediados de 2025, ha evidenciado grandes retrasos, sobrecostos y abandono, a pesar de la crítica situación de hacinamiento en las cárceles del país. El mega penal de Ica está destinado a ser el más grande del país; pero lleva años en abandono.
Si se concluyeran esas edificaciones, disminuiría el hacinamiento de reclusos, pero aún faltarían más cárceles. Por ende, es que el Congreso debe aprobar (promulgar) excepcionalmente una partida presupuestaria para concluir las cárceles inconclusas en su construcción y también otras partidas para edificar nuevos establecimientos penales.

Las nuevas cárceles deben ser de total y absoluta seguridad, y solo edificadas en las alturas andinas, totalmente aisladas de poblaciones. Debe garantizarse que cada cárcel tenga equipos y/o servicios que impidan las comunicaciones de los presos por vía telefónica (celulares) y/o internet para evitar que los “capos” dirijan a sus bandas desde los presidios..

Establecer que en el interior de cada establecimiento penal haya centros de producción (fábricas) para mercaderías destinadas a mercados nacionales e incluso internacionales. Los trabajadores deben ser únicamente detenidos y/o sentenciados y con sus remuneraciones deben sufragar su diaria alimentación y servicios de salud. Dichos centros productivos deben alquilarse a personas (naturales y/o jurídicas) de la actividad privada. Por tanto, dictar normas legales que obliguen a que todo detenido y/o sentenciado obligatoriamente trabaje y pague su mantenimiento con las remuneraciones que perciban por trabajar (en forma dependiente y subordinada) al empleador de las señaladas fábricas.

Consecuentemente, establecer que el sostenimiento de vida de un encarcelado no provenga del erario nacional.

Entender: si no se aprueba presupuestos para esas edificaciones, implícitamente se estará protegiendo a la delincuencia. ¡Solo las palabras, discursos y promesas de políticos no garantizan la seguridad de los peruanos!

La presidenta Keiko Fujimori anunció públicamente su disposición para que se construyan cinco mega cárceles - cuatro penales de gran capacidad y uno de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad - como el modelo del CECOT de El Salvador. Estas obras se ejecutarán mediante licitaciones internacionales en un plazo rápido para frenar el hacinamiento carcelario. Deben ser de máxima seguridad para aislar a los criminales más peligrosos. También que haya un régimen de trabajo obligatorio; los internos deben trabajar.

El Consejo de Ministros, liderado por Luis Galarreta, ha dispuesto que los presos no peligrosos sean trasladados de forma transitoria a cuarteles en desuso para mitigar el desborde y la sobrepoblación mientras avanzan las nuevas edificaciones.

Estando a las disposiciones de la nueva Presidenta de la República, debe invocarse a los congresistas Diputados y Senadores que, comprendiendo su responsabilidad de resolver los problemas nacionales, que de conformidad con el artículo 104° de la Constitución, aprueben delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre las anotadas medidas de lucha contra la delincuencia. Con base esa ley autoritativa, el Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos que tendrán fuerza y rango de ley de modo que no solamente hay fondos para completar las cárceles (paralizadas) sino nuevas y además para solventar a la Policía Nacional para que incremente el número de su personal y el de inteligencia contra la delincuencia.