Fernando Arce Alvarado

Parlamentario Andino.

Los esfuerzos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en nuestro país sigue sin encontrar un rumbo claro. Esta historia cobró un primer impulso en el presente siglo cuando en el 2002 se emitió el primer dispositivo legal, luego en el 2012 en el gobierno del expresidente Ollanta Humala y 2017 bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski se continuó con la dación de normas que lamentablemente   no han sido efectivas ni eficaces. Este gobierno parece que continuará sin dar solución a este problema de carácter nacional que afecta a millones de peruanos.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente de las 84,486 inscripciones registradas a nivel nacional en el REINFO, solo 18,679 (22%) están en estado de "Vigente", lo que implica que han cumplido con todos los requisitos y condiciones necesarias para mantenerse en el proceso de formalización. En contraste, 65,807 inscripciones (78%) se encuentran en estado "Suspendido", lo que significa que no han cumplido con las condiciones requeridas para seguir avanzando en la formalización.

Cabe precisar que en nuestro país existen alrededor de 500 000 personas que se dedican a la extracción de minerales en los diversos departamentos y los resultados de las diversas legislaciones encaminadas a disminuir la informalidad e ilegalidad han sido francamente desalentadores. Es decir que en más de dos décadas de trabajo apenas se ha logrado avanzar encaminar en la formalización a menos del 5% de extractores, evidenciando que la Ley de Registro Integral de Formalización Minera es un rotundo fracaso.

Actualmente, el Ejecutivo ha propuesto la Ley MAPE en reemplazo del REINFO, lamentablemente la propuesta como las anteriores, carece de un enfoque participativo en el diseño y la implementación de políticas. Muchos mineros y sus comunidades sienten que estas leyes son impuestas desde un enfoque centralista sin considerar las realidades locales. La falta de consulta previa y la débil involucración de las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios ha generado desconfianza hacia las autoridades.

Quizás, un tema que destaca de esta Ley MAPE radica en la transferencia de los expedientes de los gobiernos regionales al Gobierno Central. Para muchos especialistas esta se considera una medida necesaria, ya que el Ejecutivo asume una responsabilidad que los gobiernos regionales no podían resolver.

En resumen, si bien la Ley MAPE, tiene algunos elementos que podrían resultar positivos, lo cierto es que sin políticas de control efectivas, sin el involucramiento activo de los extractores mineros y sin un mecanismo claro de lucha contra la corrupción, todo indica que estamos ante la inminente emisión de una norma que tiene como primicia ofrecer más de lo mismo. La historia se repite…