La situación política del país parece haber caído en un lugar común. De un lado el desgobierno de un presidente y su cúpula en continuas metidas de pata, con historias de corrupción que se suceden casi a diario, y que a estas alturas ya no nos sorprende. De otro, el Congreso imposibilitado de vacar al presidente por no alcanzar los votos necesarios. Una oposición crítica, útil para frenar las medidas populistas y comunistoides que pretende el Ejecutivo, pero cuya política no alcanza para convencer a la mayoría que se necesita – y a la mayoría de la sociedad civil que puede expresarse en la calle – para propiciar un cambio de timón en el Perú.

Ante ello, no queda más que el Legislativo continúe ejerciendo control político sobre el Ejecutivo, con tareas de fiscalización que apunten a intentar al menos que las cabezas del Ejecutivo sean personas mínimamente idóneas para el cargo, que garanticen al menos un mínimo de políticas de gobierno que nos permitan mantener los circuitos económicos beneficiosos, en un clima de democracia y libertad. Poco se puede esperar de un gobierno, preocupado más en mantenerse en el cargo y afrontar la sucesión de destapes de ineptitud y corrupción, que de ejercerlo.

Aquellos que aún defienden a este gobierno, señalan que el desgobierno se debe a que los opositores no lo dejan trabajar, como si las Karelim, Bruno Pacheco, y otros tristes personajes hubieran surgido de la oposición, o como si los detractores de Castillo influenciaran en cada pachotada que declara o en las designaciones que realiza en altos cargos (y no tan altos) del Ejecutivo.

En este escenario, en que se suele señalar al Congreso como incapaz de responder a las necesidades del país, y como que privilegia los intereses particulares de los grupos que lo conforman antes que los de la patria, considero que no se puede poner a los 130 congresistas ni a todos los grupos parlamentarios que integran el Parlamento, en el mismo saco.

De un lado tenemos a los grupos que desde un inicio denunciaron el ascenso írrito de este Gobierno, y que como tales no se han cansado de exponer las irregularidades y fechorías de quienes lo conforman desde que asumieron el poder. Ellos desde el comienzo, han sustentado el por qué de su oposición y sido partidarios de que el presidente debe renunciar o ser defenestrado, llamándose a nuevas elecciones.

De otro lado tenemos a aquellos grupos de parlamentarios de izquierda, de los llamados moderados y también de los radicales, todos ellos creyendo que vivimos una oportunidad histórica en que “el pueblo” le habría dado a la izquierda la posibilidad de gobernar. Y con ello; así el presidente sea inepto y corrupto, así el partido llamado oficialista lo sea también; echando a andar su deseo de culminar un periodo de gobierno (hasta el 2026) haciendo los cambios que históricamente han reivindicado en “sus luchas”.  Aquí habría que hacer una alusión a esa lucha entre la izquierda radical y aquella llamada progresista por los puestos y cuotas de poder en este régimen, pero que lo reservaré para un próximo artículo.

Pero también tenemos un tercer grupo conformado por aquellos que se autodenominan y pretenden que los reconozcan como de centro. Estos son aquellos que, con su postura, terminan favoreciendo al grupo señalado en el párrafo anterior, y con ello reforzando la posición de un Gobierno que en cualquier democracia civilizada ya habría llegado a su fin.

El Congreso está sometido a la “dictadura de los votos”. Como colegiado, debido a esta realidad, no puede sacar al gobierno de turno. Sólo fiscalizarlo y a partir de sus funciones constitucionales, en algo mejorarlo, sobretodo a partir del control sobre los ministros designados. Pero no debemos caer en el error de generalizar al referirnos a la manifestación de voluntad de sus integrantes. A aquellos que con su acción u omisión terminan avalando a este régimen inepto y corrupto, no los debemos olvidar. Porque de seguro en el futuro buscarán reciclarse y volver a postular, no sólo a puestos de alcance nacional, sino también regional o local. Y ahí será la oportunidad que tendremos los ciudadanos de a pie para sancionarlos no dándoles nuestro voto.

La situación del Perú y el futuro a continuación, exige de sus ciudadanos compromiso y cariño por la patria. Que participemos activamente de la política y que estemos atentos y preparados para no repetir los errores del pasado. Todos aquellos que le dan la espalda al país, por un puesto remunerado, una cuota de poder, un cargo rimbombante o por beneficios económicos, que no sólo corresponden a algún tipo de soborno, sino a beneficios tributarios o societarios para que sus negocios produzcan más ganancias. Todos aquellos que asolapadamente (al menos eso creen) trabajan desde puestos públicos para corporaciones o grupos económicos que medran del país, deben ser expuestos, y no los debemos olvidar.

Porque llegará el momento en que muchos se sometan a las urnas. También llegará el momento en que otros tengan que afrontar procesos a consecuencia de que el sistema judicial haga su trabajo. Se vienen las elecciones regionales y municipales. Una oportunidad para que la sociedad civil responda y sancione a aquellos grupos políticos y personas que se han alineado con la corrupción y la ineptitud. Así también vendrán mejores tiempos para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esperemos más pronto que tarde.

Mientras tanto, seguirá siendo tarea de la sociedad civil y de aquellos parlamentarios que deseen continuar representándola, así como a los intereses del país, seguir denunciando los actos irregulares del gobierno y de quienes lo defienden, seguir exponiendo a las autoridades que se niegan a hacer su trabajo por beneficiarse o beneficiar a terceros. La lucha por un país más justo y por nuestra democracia en libertad, continúa.