Por Roberto Rendón Vásquez
Estamos terminando el tercer mes del Gobierno elegido el 2026. Los candidatos a la Presidencia de la Republica y al Congreso (para las actuales Cámaras de Senadores y Diputados) persistieron en “sus promesas” de combatir la creciente delincuencia. El 28/07/2026, entre otros, la Presidenta electa “anunció” combatir la delincuencia. La ciudadanía, estando a que reiteradamente los candidatos al Congreso “prometieron” exterminar la criminalidad, consideraron (creyeron) que, ya en el Congreso (Cámara de Diputados) los que fueron electos para el Legislativo cumplirían sus “pregones” y respaldarían al Poder Ejecutivo en la planificación, organización y combate a los delincuentes. Los peruanos creyeron que “se concretaba” la lucha para extinguir la delincuencia. Esto fue error ciudadano, porque en lugar que el Congreso (las dos Cámaras) respalden al Ejecutivo éstos políticos y sus “Partidos” no solamente han dilatado (con “debates” en Comisiones y el Pleno de los diputados) sino la aprobación del pedido de facultades legislativo hecho por el Ejecutivo. Han puesto “peros” y en concreto hasta octubre no han concedido las facultades legislativas.
Mientras eso ocurría en las confrontaciones políticas, los delincuentes no solamente han continuado actuado individuamente sino organizados en bandas de nacionales y con “el robustecimiento” de organizaciones criminales extranjeras. Desafiantemente a la Policía Nacional han incrementado su actuar delictivo. Todos estamos informados por los informativos periodísticos escritos, radiales y televisivos de hurtos y robos agravados, asaltos en vías públicas, establecimientos (restaurantes, de trabajo, vehículos) y hasta en viviendas, raptos, extorciones organizadas, lesiones y homicidios dolosos y agravados, feminicidios, sicariato, trata de personas (meretricio), tenencia ilegal de armas y explosivos, tráfico de drogas, minería ilegal, corrupción en la actividad pública y/o privada y muchos otros más. La Policía Nacional, arriesgando la vida de sus miembros, cada día detiene a muchos delincuentes y con los atestados correspondientes los ponen a disposición del Fiscal y éste, con investigaciones que realice, formula la denuncia correspondiente para ante el Juez penal para que lo procese en los respectivos juicios penales y el delincuente sea sentenciado. Pero, no obstante, se conoce también por el periodismo que los delincuentes cada día celebran “el éxito” de sus delitos. Muchos “capos” dirigen sus bandas desde los establecimientos penales donde cumplen su condena privativa de libertad. Durante sus procesos judiciales penales “cuentan” con la “defensa” de abogados especializados. La gente se pregunta ¿conque dinero pagar a sus defensores?
Otro hecho que aterra es que los establecimientos penales están sobresaturados de delincuentes investigados, procesados penalmente o sentenciados. Muchos delincuentes encarcelados “viven cómodamente”. La actual Presidenta de la República ha expresado que e se edificarán nuevas cárceles que sean seguras. Pero como en el Congreso hasta octubre (2026) no han aprobado las facultades que solicita el Poder Ejecutivo. Por ende, ¿conque dinero se sufragará la edificación de nuevos centros carcelarios? También se deben completar varias cárceles que por mucho tiempo no se terminan.
Lo expuesto demuestra que “Partidos” que tienen electos Diputados y/o Senadores y se han organizado y/o “pactado” actuar confrontándose tanto a las Presidenta electa el 2026 como a sus Ministros. Esto “por acción u omisión y/o adrede” esta objetivamente “beneficiando” a los delincuentes y sus bandas. Cada día, desde julio (2026), se están incrementando la comisión de delitos, sin que el Poder Ejecutivo pueda brindar a la población la respectiva seguridad. Los que persisten en “mantener” las confrontaciones políticas desde el Congreso de la República, están ocasionando que el Estado peruano incumpla los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1° y 2° (incisos 1, 9, t15, 16, 22, 23) de la vigente Constitución.
Los actuales políticos electos para el Congreso de la Republica deben recapacitar y comprender que la inestabilidad política se caracteriza por una crisis institucional crónica y tensiones permanentes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso que causan el deterioro institucional y la confianza de la ciudadanía que tienen impacto socioeconómico porque la inestabilidad frena el crecimiento potencial, desalienta inversiones a largo plazo y debilita la capacidad de respuesta frente a crisis de seguridad e infraestructura carcelaria.
Se persiste en invocar a los electos congresistas que, sin renunciar a sus convicciones doctrinarias, ideológicas, sectarias o personales, se dediquen, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, a combatir a la delincuencia hasta extinguirla, garantizando la seguridad ciudadana. Tengan presente que se les ha electo a un Poder del Estado para que resuelvan todos y cada uno de los problemas nacionales. ¡No se les ha electo para que se confronten políticamente con sus adversarios durante la campaña electoral!
