Lo que ocurre en la SUNEDU ya no puede reducirse a una disputa jurídica sobre cuánto dura el mandato de su superintendente. Alrededor de Vicente Espinoza se acumulan cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo, denuncias sindicales por hostigamiento y persecución laboral, contrataciones cuestionadas y, ahora, graves denuncias de presunto acoso sexual contra trabajadoras de la propia institución.

Su llegada ya fue controvertida. Espinoza fue designado representante del MINEDU ante el Consejo Directivo en diciembre de 2025 y poco después elegido superintendente. Posteriormente, el propio Ministerio emitió la Resolución N.° 338-2026, señalando que su designación correspondía a culminar el periodo de su antecesor, y nombró a un nuevo representante. Espinoza judicializó la decisión y consiguió mantenerse provisionalmente en el cargo. La controversia deberá resolverla la justicia.

Pero los cuestionamientos no terminan allí. En marzo, la CGTP pidió su remoción y recogió denuncias sindicales sobre presuntos despidos arbitrarios, persecución sindical, procedimientos disciplinarios contra dirigentes y obstáculos a la negociación colectiva.

En agosto, la situación adquirió otra gravedad. Una abogada de 30 años denunció penalmente que Espinoza habría intentado besarla sin su consentimiento en dos ocasiones dentro de su despacho. La misma trabajadora denunció al entonces director Luis Corrales Dolmos por presunto hostigamiento laboral, insultos y expresiones intimidatorias. Corrales renunció tras hacerse público el caso y SUNEDU aceptó su salida.

Luego apareció el testimonio de Daphne Alfaro, trabajadora y dirigente sindical, quien afirma haber sufrido represalias y hostigamiento laboral y sostiene que estas se agravaron cuando respaldó a una de las denunciantes. También ha declarado que existirían otras mujeres que temerían denunciar. Esto último no está acreditado públicamente, pero precisamente por su gravedad exige una investigación independiente.

Espinoza ha negado las acusaciones y tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero una mujer que denuncia a la máxima autoridad de la institución donde trabaja enfrenta una evidente asimetría de poder. ¿Cómo garantizar una investigación independiente y ausencia de represalias mientras el denunciado permanece al frente de la organización?

La contradicción es aún mayor porque SUNEDU tiene precisamente la responsabilidad de exigir a las universidades mecanismos para prevenir el hostigamiento sexual y proteger a estudiantes, docentes y trabajadores. El 4 de agosto, apenas antes de conocerse públicamente estos hechos, la propia SUNEDU capacitaba a universidades sobre medidas de protección, atención de denuncias y prevención de la revictimización.

El sector Educación enfrenta permanentemente casos de acoso, abuso y violencia en escuelas, institutos y universidades. Quienes conducen sus instituciones deben estar sometidos al máximo estándar posible. ¿Con qué autoridad puede SUNEDU exigir protección frente al hostigamiento sexual si existen serias dudas sobre su capacidad de garantizarla dentro de su propia casa?

El Ministerio de Educación no tiene que determinar la culpabilidad de Espinoza. Eso corresponde a las autoridades competentes. Pero sí puede exigir una investigación verdaderamente independiente, proteger a las denunciantes y contribuir a una salida jurídicamente sólida a una permanencia que ya estaba seriamente cuestionada.

Defender la autonomía de SUNEDU no significa blindar a una persona. Autonomía no puede significar impunidad.