El Ministerio del Interior acaba de oficializar un nuevo dashboard de especificaciones técnicas obligatorias para la adquisición de cámaras corporales destinadas al serenazgo. Sin embargo, este deadline normativo ha encendido las alarmas en el sector, ya que los requisitos de peso y resolución son tan milimétricos que prácticamente descalifican a marcas líderes a nivel mundial como Motorola y Axon.
¿El gran ganador? El modelo GC550 de la empresa china Hytera, la cual se encuentra directamente vinculada a Zhihua Yang, amigo cercano del excongresista y expresidente José Jerí. Este panorama sale a la luz tras el escándalo del «Chifagate», levantando fuertes sospechas de un presunto direccionamiento y beneficio propio en los contratos del Estado. Actualmente, la Fiscalía ya evalúa el caso bajo los cargos de colusión y negociación incompatible.
Detalles de la ficha técnica aprobada por el Gobierno
El anexo técnico del sector Interior detalla condiciones físicas sumamente específicas que reducen el margen de competencia de los proveedores habituales. Entre los requisitos se exige un peso inferior a los 115 gramos, baterías intercambiables, sistema infrarrojo y una definición de resolución de tipo 2K.
La combinación de estas variables técnicas apunta casi de manera idéntica al dispositivo GC550 desarrollado por la corporación transnacional Hytera. Fabricantes líderes del mercado tecnológico como Motorola y Axon quedarían descalificados del proceso al no cumplir con el íntegro de las exigencias publicadas. El alcalde Carlos Bruce criticó duramente la resolución, calificando el direccionamiento del proceso de adquisición estatal como un hecho inaceptable.
Por su parte, el legislador José Jerí negó cualquier tipo de injerencia directa o indirecta en los lineamientos técnicos del portafolio ministerial. Jerí manifestó que la denuncia forma parte de una disputa comercial entre empresas que buscan adjudicarse los contratos con el Estado peruano.
Acciones legales y defensa de la empresa involucrada
El abogado penalista James Rodríguez sostuvo que la Fiscalía evalúa el caso bajo las figuras de negociación incompatible y colusión desleal. Rodríguez señaló que la coincidencia temporal entre las citas privadas y la dación de la norma sustenta la hipótesis de una presunta concertación. La empresa Hytera emitió un pronunciamiento negando vínculos contractuales con funcionarios públicos o participación en el diseño de las bases. La sucursal de la firma asiática operaba anteriormente en oficinas ubicadas en el mismo inmueble del restaurante donde se dieron las citas. El Gobierno mantiene la vigencia del documento legal mientras las entidades de control evalúan la legalidad del procedimiento de estandarización.