ASÍ LO CONSTATÓ LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE

También denuncian incremento exagerado de costos y abandono en inversiones

No es solo un penal con obras paralizadas, son al menos cuatro centros penitenciarios que se encuentran en igual situación, pese a que todos muestran incremento de costos exagerados, todo ello en medio de una escalada criminal que ya deja más de 1,200 asesinatos en lo que va del año, cierre de negocios y un impacto en nuestra economía de cerca de 20 mil millones de soles.

Así lo pudo constatar la Comisión Especial de Control Concurrente durante las visitas inopinadas realizadas en los últimos meses y pudo levantar información sobre graves irregularidades, millonario incremento de costos y abandono de la infraestructura destinada a albergar a sicarios y extorsionadores que hoy imponen el terror entre emprendedores y familias peruanas.

“El caso más alarmante es el del penal de Ica, cuya inversión pasó de S/ 269.7 millones a S/ 877 millones, obra paralizada desde el 2020. Encontramos en nuestra visita materiales deteriorados y estructuras corroídas por el abandono”, señaló el congresista José Luna Gálvez, presidente de la referida comisión.

Sin embargo, no es el único caso.  Situaciones similares se registraron en el penal de Chincha cuyas obras de ampliación pasaron de costar S/ 53 millones a S/ 93 millones; pese a ello siguen paralizadas.

La misma situación se constató en el Complejo Penitenciario de Arequipa, que presenta un incremento de más de S/ 303 millones, pero se encuentra paralizada desde el 2021 y el penal de Cajamarca que, tras nueve años, desde la declaratoria de su viabilidad, apenas alcanza un avance físico del 27.1%.

“La inacción y la corrupción se han convertido en trabas de la lucha contra la inseguridad ciudadana; los corruptos son cómplices de los sicarios y extorsionadores. Hemos advertido a los entes pertinentes para que tomen acciones y retomen estas inversiones. Es imperdonable que, en plena emergencia criminal, el Estado mantenga paralizadas inversiones de esta magnitud”, señaló Luna Gálvez.

El titular de la Comisión explicó que los informes sobre las inversiones en los que se detectaron indicios de irregularidades y delitos han sido remitidos al Ministerio Público, a la Comisión de Fiscalización del Congreso y a la propia Contraloría, para que se investigue y sancione civil, administrativa y penalmente a los responsables de estos sobrecostos y paralizaciones.

“¡Basta de impunidad! Los corruptos que sabotean la lucha contra el crimen deben ser castigados como los criminales que son”, concluyó.