La abogada Debbie Paredes Córdova, activista por los derechos de la mujer y del niño, manifestó su satisfacción luego de conocerse los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que consolidan a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa del Perú.

En sus declaraciones, Paredes Córdova remarcó que el hecho de que una mujer asuma la conducción del país constituye un hito importante para la participación femenina en la política nacional. A su juicio, este avance no solo representa un logro simbólico, sino también una oportunidad real para impulsar cambios estructurales que respondan a necesidades históricas y urgentes, especialmente en materia de protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la abogada sostuvo que la trayectoria política de la mandataria electa será un factor determinante para enfrentar los desafíos que atraviesa el Perú. En ese sentido, destacó que la experiencia en el ámbito público y el conocimiento de la realidad nacional podrían traducirse en decisiones de gobierno con enfoque social, orientadas a mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la institucionalidad y reducir las brechas que afectan con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

Paredes Córdova enfatizó que, en el marco de la transición hacia la nueva gestión, la población espera que el gobierno priorice políticas públicas concretas y sostenidas en favor de la niñez y la familia, y especialmente que se asuma un compromiso firme con la protección integral de las mujeres. “No basta con la intención; se requiere planificación, presupuesto y medidas que impacten directamente en la vida de las personas”, subrayó en un pronunciamiento dirigido a las autoridades entrantes.

De manera particular, la activista consideró necesario impulsar reformas legales y administrativas destinadas a superar obstáculos que hoy limitan el acceso a la justicia. Entre los puntos que destacó se encuentra la urgencia de agilizar los procesos judiciales vinculados al cumplimiento de pensiones de alimentos, debido a que según señaló estos casos suelen enfrentar demoras que afectan el bienestar de las niñas y los niños. La abogada sostuvo que una justicia más rápida y efectiva no solo es una demanda social, sino también una forma de garantizar derechos fundamentales y evitar que la desigualdad se prolongue en el tiempo.

En relación con la violencia contra las mujeres, Paredes Córdova indicó que esta continúa siendo uno de los problemas más graves del país y que, por lo tanto, exige respuestas integrales. Planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a las víctimas, mejorar la coordinación entre instituciones y asegurar que existan rutas claras de acceso a servicios como orientación legal, atención psicológica, protección y acompañamiento. “Las víctimas deben encontrar apoyo real y oportuno, no trabas ni demoras que terminen agravando la situación”, afirmó.

Del mismo modo, la activista pidió promover modificaciones normativas que refuercen la protección de los derechos de las mujeres, así como el cumplimiento efectivo de sanciones contra quienes ejercen violencia. Enfatizó que la prevención no puede limitarse a campañas aisladas, sino que debe convertirse en una política permanente con estrategias educativas, intervención temprana y mecanismos de vigilancia que reduzcan los riesgos.

Paredes Córdova también recordó que la lucha contra la violencia exige un enfoque que abarque todas sus dimensiones: la prevención, la atención inmediata, el seguimiento a los casos y la sanción efectiva. En esa línea, exhortó a las futuras autoridades a implementar medidas integrales que contribuyan a reducir los índices de violencia y a garantizar una vida libre de violencia para todas las peruanas, con especial atención a quienes enfrentan mayores barreras por razones económicas, geográficas o de acceso institucional.

Finalmente, la abogada reiteró su expectativa de que la nueva gestión impulse reformas que permitan consolidar un sistema de justicia eficiente, accesible y comprometido con la protección de los sectores más vulnerables. Enfatizó que un Estado que prioriza los derechos de mujeres y niños no solo cumple con sus obligaciones legales, sino que también fortalece la cohesión social y promueve un país más seguro, equitativo y con oportunidades para todos.