Experto señala que el envío de reos pasaría primero por una reforma legislativa y que no podemos renunciar como Estado a exportar reos. En su lugar recomienda una reforma y modernización del sistema penitenciario y que se establezca un plan de trabajo que trascienda los gobiernos.

Critica el abuso de la prisión preventiva. “El 40 % de la masa penitenciaria tiene prisión preventiva”, afirma.

El abogado penalista Iván Torres afirmó que exportar o trasladar la responsabilidad penitenciaria a otro país contraviene todo lo que es soberanía de la administración de justicia de un país, en este caso el Perú, y contraviene todo lo que es jurisdicción y competencias. “Eso no se debe hacer, no podemos renunciar como Estado, como ministerio de Justicia, como INPE, a exportar delincuentes, eso es populismo. Lo que se tiene que hacer es solucionar nuestros problemas penitenciarios”, afirmó.

Apuntó a que el interno está sometido a reglas interpuestas por la administración del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), el INPE a su vez es un órgano que depende del ministro de Justicia y el sistema de justicia depende del Ejecutivo. A su vez. dijo, el Ejecutivo tiene su cabeza máxima que es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que depende estrictamente de la presidencia de la República.

“Por lo tanto, para poder llevar a cabo una exportación de reos a El Salvador se necesitaría todo un cambio de normativa, de legislación, que en este momento impide el propósito de aquellas tendencias que quieren exportar a reos”.

BUENAS INTENCIONES

Sobre los anuncios del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de viajar a El Salvador para tratar el tema de llevar reos de Perú a ese país, afirmó:

“Si algún funcionario ajeno al ministerio de Justicia está planteando esto, debe saber que solamente lo puede plantear como reforma el Poder Legislativo, ningún funcionario, alcaldes o gobernadores regionales, podrían sostener la viabilidad, reuniones o intenciones para poder llevar a cabo esto, solamente sería en el terreno de las buenas intenciones nada más.

Para Torres La Torre, el exportar delincuentes carece de todo tipo de sustento, ya que el interno, por regla, purga la pena privativa de la libertad coordinado por la administración de justicia peruana

“ ¿por qué lo juzgan los tribunales de justicia del Perú? Porque el delito fue cometido dentro del territorio nacional y donde los jueces ejercen jurisdicción y competencia, por lo tanto, hacer cumplir la condena en un territorio ajeno al peruano sería vulnerar el derecho de todo justiciable, de todo interno a merecer la pena en el lugar dónde cometió el delito, salvo que fuera extraditado”.

CAMBIO DE LEGISLACIÓN

El jurista indicó que no podrían ser expulsados nacionales por haber cometido delitos y que purguen su pena privativa de la libertad en un país ajeno, que no lo sentenció y no lo condenó; salvo que haya un cambio en la legislación.

“Ahora, el Perú tendría que renunciar a una serie de requisitos legislativos, una serie de principios del derecho que yo no creo que sea viable. Se trata de una renuncia tan amplia, tan dogmática, tan legislativa, tan constitucional y renunciando inclusive a tratados internacionales. Yo no creo que eso sea viable.

NO LO RECOMIENDA

Por estos motivos afirmó que no recomendaría exportar delincuentes ya que no es viable. “No solo no lo recomendaría, sino que no es viable, no es ejecutable. Es una idea que queda en las buenas intenciones, porque la realidad nos impide tomar ese tipo de reformas”.

Agregó que lo que necesita el Perú es una reforma de la política penitenciaria y que esto pasa por evaluar la población penitenciaria que en el Perú son más de 100,000 internos. “Hay que establecer si la población carcelaria ha excedido las capacidades de logística y de infraestructura del INPE.  Como todos sabemos ha excedido las capacidades por lo tanto el INPE necesita una profunda transformación presupuestaria, logística, de infraestructura y de capacitación de su personal administrativo y operativo. Caso contrario el problema va a seguir y además a todo esto también tenemos otro problema que las cárceles están hacinadas por la prisión preventiva.

CIDH Y PRISIÓN PREVENTIVA

 Finalmente, Torres La Torre reveló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado un jalón de orejas y ha llamado la atención internacionalmente al Estado peruano porque de su masa global de internos en los penales, un 40% corresponde a prisiones preventivas.

“Eso es un exceso porque la prisión preventiva, como todo el mundo lo ha dicho hasta la saciedad, tiene un carácter excepcionalísimo, no es la medida de moneda común. Esto to ha generado también un hacinamiento por lo tanto hay muchos factores que implican la reforma del sistema carcelario penitenciario y sobre todo las políticas penitenciarias que tienen que tener el ministerio de justicia”.