Empresa china afecta gravemente a empresa nacional.

La transnacional China Railway N.º 10 es acusada de resolver de manera injustificada un contrato firmado con la empresa peruana Industrias Mako E.I.R.L., generando graves pérdidas económicas y reforzando la polémica que rodea a las empresas de ese país en el Perú.
En diciembre de 2024, China Railway N.º 10 canceló unilateralmente el contrato que firmó con Mako E.I.R.L. para la instalación de señalización del Hospital del Altiplano, en Puno, pese a que existía una orden de compra por 545 mil soles. La decisión dejó a la empresa peruana sin pago y sin respuesta, obligándola a iniciar acciones legales que hoy se encuentran en proceso de arbitraje.
“Ha pasado casi un año intentando dialogar y buscar una solución. La empresa china nunca respondió. Hemos sido empujados al arbitraje para exigir el pago y la reparación del daño causado”, denunció Jesús de la Cruz Varillas, representante legal de Mako E.I.R.L.

TEMOR POR INFLUENCIAS 
 
Para agravar esta denuncia, un reportaje de Panorama el último domingo puso en el centro de la controversia a un magistrado del Poder Judicial tras revelar que sus resoluciones judiciales permitieron a empresas chinas acceder a millonarios contratos de obras públicas. Las medidas cautelares, otorgadas desde su despacho en el Poder Judicial, habrían allanado el camino para que estas compañías participaran en licitaciones pese a registrar antecedentes de abandono de proyectos e inhabilitaciones.
Según la investigación, el magistrado concedió al menos 11 medidas cautelares en favor de consorcios liderados por empresas como China Railway No. 10 Engineering Group Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group. Estas decisiones posibilitaron la adjudicación de importantes proyectos de infraestructura vial, entre ellos la carretera Molinopampa, en Áncash, valorizada en S/200 millones, y la doble vía Tanca–Boca del Río, valuada en S/600 millones.
El informe también detalla que China Railway obtuvo en 2021 la buena pro para la carretera Molinopampa, pero posteriormente abandonó la obra, lo que obligó a una nueva convocatoria. Años después, una empresa del mismo grupo empresarial volvió a ganar el concurso por más de S/270 millones, aunque la firma del contrato se encontraba detenida debido a la inhabilitación de uno de sus socios, situación que fue revertida tras una nueva resolución cautelar.