“No me basta con recuperar mi libertad. Quiero demostrar mi inocencia en un proceso que respete la legalidad”, afirmó.

La defensa del general (r) Daniel Urresti presentó hoy en Washington una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se determine la responsabilidad del Estado peruano por las presuntas violaciones a sus derechos fundamentales durante el juicio que culminó con una condena posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional (TC).

La petición sostiene que durante dicho proceso se vulneraron garantías esenciales reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho de defensa, el debido proceso, el principio de legalidad, la libertad personal y el derecho a ser juzgado conforme a reglas previamente establecidas por la ley.

“Siempre sostuve que no se estaban respetando las reglas básicas de un juicio justo. Permanecí casi tres años en prisión y finalmente, el TC anuló la condena y ordenó mi libertad. Sin embargo, eso no me basta. Yo quiero demostrar mi inocencia y por eso estoy pidiendo un nuevo juicio donde se respete la legalidad”, enfatizó Urresti.

De acuerdo con el documento presentado ante la CIDH por su defensa legal, Urresti habría sido condenado sobre la base de una versión de los hechos distinta a la sostenida por la propia Fiscalía durante el juicio, pues mientras la acusación fiscal atribuía una determinada forma de participación en los hechos investigados, la sentencia condenatoria construyó una versión diferente para justificar la condena.

Según la petición, existen resoluciones firmes que ya habían establecido aspectos esenciales sobre la forma en que ocurrieron los hechos y la participación de determinadas personas. Sin embargo, para condenar a Urresti, se habría construido una nueva versión incompatible con la verdad judicial previamente establecida.

El documento sostiene también que, para fundamentar la condena, el Poder Judicial peruano aplicó retroactivamente la circunstancia agravante de alevosía, pese a que dicha figura no formaba parte del marco jurídico vigente al momento de los hechos.

“No estoy pidiendo privilegios, sino reglas justas y que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y la cosa juzgada. Estoy pidiendo que exista una sola verdad judicial para unos mismos hechos y que se realice nuevo juicio que se desarrolle respetando plenamente esas garantías”, señaló Urresti Elera.

La denuncia cuestiona, además, que no se haya realizado diligencias expresamente ordenadas por la Corte Suprema y que diversos testimonios y medios probatorios favorables a la defensa fueran desestimados o insuficientemente valorados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá ahora evaluar la petición y decidir si admite el caso para su trámite internacional.