La compra de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú abrió un nuevo frente de debate. Esta vez no desde el ámbito político o militar, sino desde el ejercicio de un deber ciudadano previsto en la Constitución.

El escritor Ilich Martínez presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el proceso de adquisición de las aeronaves, argumentando que cualquier peruano puede recurrir a las instituciones cuando considera que un asunto relacionado con la soberanía nacional merece ser esclarecido.

Su decisión, explica, se basa en el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que establece que todos los ciudadanos tienen el deber de participar en la defensa nacional. Desde esa perspectiva, sostiene que la protección de los intereses estratégicos del país no corresponde únicamente a las Fuerzas Armadas o a las autoridades, sino que también involucra a la ciudadanía.

“Todos los peruanos estamos obligados a participar en la defensa nacional, según la Constitución. Tenemos la obligación de participar, hacer escuchar nuestra voz. Es nuestra responsabilidad y, en mi caso, es mi compromiso con mi tierra”, afirma.

Martínez señala que su denuncia busca que el Ministerio Público determine si el proceso de adquisición respondió exclusivamente al interés nacional. Para sustentar su pedido incorpora declaraciones públicas de ex altos mandos militares y plantea que una decisión de esta magnitud debe analizarse no solo desde criterios técnicos, sino también considerando sus implicancias estratégicas y geopolíticas para el país.

En ese contexto, sostiene que el Perú debe fortalecer el debate público sobre defensa nacional y fomentar una mayor participación ciudadana en asuntos vinculados a la soberanía. “La FAP requiere superioridad aérea para los próximos 30 años”, señala, al explicar que las decisiones en materia de defensa trascienden a un gobierno y pueden marcar el desarrollo estratégico del país durante varias décadas.

Finalmente, el escritor precisa que su objetivo no es interferir en las competencias de las instituciones, sino ejercer un derecho reconocido por la Constitución y contribuir a que temas relacionados con la defensa nacional formen parte del debate público. “Prevenir que alguien quiera socavar o impedir el emerger que nos corresponde es estar comprometidos con nuestra tierra, nuestra gente y con nuestro destino”, concluye.