Vocero de Renovación Popular señala que legislador Edgard Reymundo no tiene interés en tocar acusación contra vicepresidenta.
El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya señaló que pedirá ante la Junta de Portavoces y la nueva Comisión Permanente del Congreso, que se cambie de ponente en el caso de la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, ya “que el legislador Edgard Reymundo, ha demostrado no tener interés en el tema al señalar que demorará tres meses en dar su exposición ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.
“La denuncia es clara y viene de la Contraloría General de la República, por ello la exposición del caso no debería pasar de dos semanas, al interior de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por ello Renovación Popular pedirá esta semana el cambio de ponente por Gladys Echaíz, quien tiene experiencia como fiscal de la Nación y argumentación jurídica, además nuestra colega es muy cuidadosa en temas sensibles como el de Dina Boluarte”, señaló Montoya.
Al referirse a cuando se presentará el pedido de Renovación Popular ante la Junta de Portavoces y la Comisión Permanente, Jorge Montoya señaló “que se está a la espera de la convocatoria que haga la actual titular del Poder Legislativo, Lady Camones, quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la agenda parlamentaria y la prioridad de los temas, así como la instalación de la Comisión Permanente”.
Del mismo modo, Jorge Montoya indicó “que sus palabras no son un adelanto de opinión, ya que él (Montoya) no forma parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, a su vez el vocero de Renovación Popular agregó “que Edgard Reymundo, pertenece a un bancada que tiene afinidad con el Gobierno y que además ha trabajado en el humalismo, tanto como el abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, Alberto Otárola, lo cual lleva a generar suspicacias sobre la imparcialidad o interés que pueda tener el congresista de Edgar Reymundo, Cambio Democrático”.
La denuncia
La denuncia constitucional contra Dina Boluarte, viene porque la vicepresidenta y Ministra de Inclusión Social fue porque esta era presidenta del Club Departamental Apurímac, una institución de derecho privado al mismo tiempo de ejercer la función pública, lo cual es incompatible según señala la Constitución Política del Perú.
