Por: Dr. Iván Torres La Torre

El 15 de octubre no fue una jornada espontánea de protesta, sino una operación planificada por grupos violentistas que, bajo el disfraz de una movilización juvenil, buscaron desestabilizar al país. Las consignas de cambio fueron utilizadas como fachada para una agenda de confrontación, sabotaje y provocación directa contra las fuerzas del orden. Lo que se presentó como una “marcha ciudadana” fue, en realidad, un intento de socavar la autoridad del Estado y poner a prueba su capacidad de respuesta.

Las imágenes de la noche limeña no reflejan el clamor de un pueblo que busca justicia, sino la acción coordinada de sectores radicales que apuestan por el caos y la división. No es un fenómeno nuevo: cada vez que el Perú avanza hacia la estabilidad, emergen actores que se alimentan del conflicto y del desorden. Frente a ello, la defensa de la institucionalidad no puede ser débil ni titubeante.

El Estado no solo tiene el deber de proteger, sino también de anticiparse. En ese propósito, la labor de la inteligencia y contrainteligencia nacional es decisiva: identificar amenazas, neutralizar campañas de desinformación y blindar la soberanía frente a influencias externas. La defensa del Perú comienza con información precisa y decisiones estratégicas, no con improvisación ni permisividad.

Las fuerzas del orden enfrentaron una tarea compleja y actuaron dentro de un contexto de alta tensión. Es necesario reconocer su esfuerzo por contener la violencia sin apagar la voz legítima del ciudadano pacífico. Donde el Estado se debilita, la anarquía avanza; y el Perú no puede darse el lujo de caer en ese abismo.

La juventud tiene el derecho de protestar, pero también la obligación de discernir. La verdadera rebeldía no se mide por la destrucción, sino por la capacidad de construir. El 15 de octubre nos deja una enseñanza contundente: defender al Perú exige inteligencia, disciplina y unidad nacional. Solo así preservaremos la democracia y el futuro de nuestra patria.