La Marcha de Sacrificio, encabezada por familiares de las víctimas de la masacre de Juliaca 2022 y 2023 (Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las masacres 2022-2023), avanza hacia Lima con un único objetivo: exigir justicia y visibilidad para quienes perdieron la vida. Lo que debería ser un derecho protegido por la Constitución la libre expresión y la protesta pacífica ha sido constantemente obstruido por acciones policiales arbitrarias y deliberadas.

Durante todo el trayecto, desde Arequipa hasta Cañete, la policía ha detenido solo los vehículos donde viajan los familiares de las víctimas, mientras los demás circulan sin control. En varios tramos, efectivos y agentes de civil han intentado subir a los vehículos, revisar y detener a los ocupantes, sin orden judicial ni motivo legal. Entre los participantes se encuentran niños y adultos mayores, que viajan de manera pacífica, únicamente por su vínculo directo con las víctimas de la masacre.

El hostigamiento se ha materializado en bloqueos temporales, cercos policiales, interrogatorios intimidantes, gestos amenazantes y provocaciones directas, buscando detener la marcha y coartar el derecho de protesta pacífica. Cada acto de este tipo ha sido registrado con fotografías, videos y testimonios, dejando evidencia clara del abuso de autoridad.

Estas acciones constituyen violaciones directas del artículo 2 inciso 4 de la Constitución, que protege la libre expresión y la protesta pacífica, así como de tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A pesar de la presión, los familiares mantienen la organización pacífica, avanzando con determinación y documentando cada acto ilegal. La denuncia pública que acompaña la movilización exige que las autoridades cesen inmediatamente estas prácticas, garanticen la seguridad de los manifestantes y respeten sus derechos fundamentales.

La Marcha de Sacrificio se consolida como un símbolo de resistencia frente al abuso de autoridad, demostrando que la protesta no es confrontación, sino un derecho legítimo protegido por la ley. Mientras la movilización avanza hacia Lima, los organizadores y participantes dejan en claro que documentarán cualquier vulneración de derechos y acudirán a instancias nacionales e internacionales, buscando justicia y visibilidad para las víctimas y sus familias.

El día de la movilización general será este 28 de enero.

Márlet Ríos

Jeny B.